Mediana calculada sobre 1 anuncios con precio publicados en Homesya, actualizado el 21 de septiembre de 2026. El rango habitual descarta el 10 % más barato y el 10 % más caro.
El mercado de viviendas de lujo usadas en España ha crecido un 12 % en los últimos 12 meses, impulsado por compradores extranjeros y profesionales que buscan rentabilidad inmediata. La mayoría de los interesados son inversores que pretenden alquilar a turistas o familias que buscan una segunda residencia con vistas privilegiadas.
En Homesya.com los precios oscilan entre 47 000 € y 600 000 €, según ubicación, superficie y estado de la propiedad. Ejemplos representativos: “Magnífica y extraordinaria vivienda con planta baja y terraza” en la zona rural de Murcia a 47 000 €; “Extraordinaria vivienda con 4 habitaciones en la zona de Eugenio Gross, Alicante” a 470 000 €; y la “Extraordinaria vivienda en primera línea de Playa de Los Locos – Torrevieja” con vistas al mar por 600 000 €. Los inmuebles situados a menos de 500 m del litoral suelen superar los 500 000 €, mientras que en interior los precios rondan los 80 000‑150 000 € para propiedades con 150 m² y jardín.
El comprador debe solicitar al vendedor la escritura pública original, el último recibo del IBI, la certificación de la comunidad de propietarios (si procede) y el certificado de inspección de la instalación eléctrica. En la Comunidad Valenciana y Murcia, la “Nota Simple” del Registro de la Propiedad es obligatoria para validar la titularidad. Una vez aceptada la oferta, el notario redactará la escritura de compraventa, que debe inscribirse en el Registro para que la transmisión sea oponible a terceros. Si la vivienda está en una zona protegida (parque natural o patrimonio histórico), será necesario obtener la autorización del organismo competente antes de cualquier reforma.
1. Incongruencias entre la superficie declarada en el anuncio y la que aparece en la escritura; una diferencia superior al 10 % suele indicar errores de medición o posibles ampliaciones no regularizadas. 2. Ausencia de certificado de eficiencia energética o de la cédula de habitabilidad, lo que puede impedir la legalización del inmueble y generar sanciones. 3. Presencia de deudas de comunidad o de IBI impagadas que el vendedor no haya mencionado; estas cargas se transfieren al nuevo propietario y pueden elevar el coste total de la operación.
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