En el último trimestre el mercado de fincas rústicas en la zona de San Vicente del Raspeig ha registrado un aumento del 12 % en la demanda de parcelas con cultivo de olivo y vivienda integrada. Compradores particulares buscan una segunda residencia con autonomía, mientras que promotores agrícolas valoran la capacidad de producción de aceite premium y la posibilidad de diversificar la actividad agro‑turística. La oferta actual se concentra en parcelas de más de 5 ha con infraestructura completa.
Según los anuncios publicados en Homesya.com, el precio único para una gran parcela de olivos con chalet independiente y piscina es de 430 000 €. Dos anuncios idénticos describen la misma finca: “Chalet independiente con piscina en gran parcela rústica, rodeado de pinos y olivos – A menos de 1 km del Polideportivo Municipal de San Vicente del Raspeig (430 000 €)”. No se observan variaciones de precio en la zona, lo que indica una valoración estable basada en la superficie cultivable (≈ 6 ha), la calidad del suelo (pH 7, buen drenaje) y la existencia de una vivienda de 250 m² con acabados de alta gama.
El comprador debe solicitar al Registro de la Propiedad la Nota Simple y la Certificación Registral que acredite la titularidad del inmueble y la ausencia de cargas. Además, es obligatorio presentar el Certificado de Compatibilidad Urbanística emitido por el Ayuntamiento, que confirma que la actividad oleícola y la vivienda cumplen con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para la piscina y la instalación eléctrica, se requieren los correspondientes Licencias de Obra y la Declaración Responsable de la Instalación de Depuración de aguas residuales (IDR). Finalmente, el notario redactará la escritura pública de compraventa, que incluirá la cláusula de saneamiento por evicción.
1. Ausencia de certificación de riego: si la finca no dispone de una concesión de agua vigente, el nuevo propietario enfrentará costes elevados para regularizar el suministro. 2. Discrepancias entre la superficie declarada y la medida catastral: una diferencia superior al 5 % suele indicar errores en la delimitación de la parcela o posibles servidumbres ocultas. 3. Historial de litigios agrarios: la existencia de procesos judiciales pendientes por derechos de paso o reclamaciones de vecinos puede paralizar la explotación y generar gastos legales inesperados.
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